Palestina: infancia sitiada, silencio internacional.

Seguro te enteraste de que detuvieron a Greta Thunberg. La activista sueca, conocida mundialmente por su lucha ambiental, quien fue deportada por Israel tras participar en una misión humanitaria. Viajaba a bordo del Madleen, un barco de la Flotilla de la Libertad que transportaba medicinas y alimentos a Gaza. Este fue interceptado en aguas internacionales por parte de Israel. La acusación de violación al derecho marítimo se volvió evidente, pero el mensaje de fondo fue aún más claro: solidarizarse con Palestina tiene consecuencias.

Mientras se reprime a quienes extienden la mano, Gaza colapsa. Desde octubre de 2023, más de 64,260 personas han muerto, según un estudio de The Lancet que amplía un 41% las cifras oficiales. Un número significativo eran mujeres y niños. No es un “daño colateral”; es el resultado de un sistema que ataca las bases de quienes construyen el futuro de su pueblo.

UNICEF advierte que más de un millón de niñas y niños palestinos sobreviven en condiciones extremas, sin acceso seguro a agua, alimentos o atención médica. Según la OMS, una de cada cuatro personas heridas en Gaza tendrá secuelas físicas permanentes. La ONU lo sintetizó con una frase brutal: Gaza tiene el mayor número de niños amputados per cápita del mundo.

Ante estos crímenes, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra tres figuras clave:

• Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

• Yoav Gallant, exministro de Defensa

• Mohammed Deif, comandante militar de Hamás

Ahora sabemos que hay evidencia de que Israel estuvo financiando a Hamas, la resistencia palestina.

A los dos primeros se les acusa de asesinatos, persecución sistemática, utilización del hambre como arma de guerra y ataques deliberados contra población civil. A Deif se le responsabiliza por toma de rehenes y tortura. Aunque las órdenes marcan un precedente internacional, su ejecución dependerá de la voluntad política de los Estados miembros, ya que ni Israel ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción de la CPI.

Pero sería un error pensar que esto comenzó con los hechos más recientes. La historia de Palestina es larga y profundamente marcada por la colonización. La ocupación de su territorio comenzó en la década de 1940, con la creación del Estado de Israel  y la llamada Nakba, que implicó el desplazamiento forzado de más de 700,000 palestinos. Desde entonces, la expansión de asentamientos ilegales, la demolición de viviendas, el cercamiento de poblaciones y la fragmentación del territorio han sido constantes.

Diversos informes de organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU coinciden en calificar la situación como un régimen de apartheid. No como metáfora, sino como categoría jurídica:  se trata de un régimen de dominación sistemática de un grupo sobre otro, sostenido a través de leyes, políticas y prácticas que discriminan intencionadamente. Lo apuntalan el financiamiento internacional, las alianzas diplomáticas estratégicas y el blindaje político de ciertas potencias. En Gaza se despliega la violencia, pero el poder que la hace posible reside en múltiples capitales del mundo, disfrazado de neutralidad.

Mientras tanto, las personas que intentan denunciar, o simplemente ayudar son calladas o perseguidas. Pero también hay quienes no bajan la voz. En un mundo donde la información circula a cada segundo, no se trata de falta de conocimiento, sino de voluntad colectiva. Desde Yemen hasta el Congo, desde Haití hasta Cholula, pueblos enteros viven procesos similares. La historia se repite, pero también enseña: ningún imperio es eterno.

La pregunta ya no es si el sistema caerá.

La verdadera pregunta es: ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de que caiga?